El Fondo de Recuperación Next Generation EU. (parte III)

Destino de los Fondos

En primer lugar, cabe destacar que la Comisión Europea evaluará los Planes Nacionales entregados por los Estados Miembros, con el objetivo de estudiar y supervisar la eficiencia de estos en la eficaz resolución de las dificultades que atraviesan las economías en crisis. Por otra parte, analizará si estos planes están en consonancia con las recomendaciones que la Comisión ha realizado a los Estados en el pasado y si abordan medidas orientadas a una transición ecológica y digital; fortalecen el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la capacidad de recuperación económica y social.

Para que se inicie el desembolso de los fondos, el Comité Económico y Financiero del Consejo deberá emitir un informe favorable sobre el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan.

La Comisión Europea ha marcado 7 ejes sobre los que actuar, independientemente de las características específicas de las economías de cada Estado, por su potencialidad en la creación de empleo y crecimiento.

  1. Activación: puesta en marcha temprana de tecnologías limpias y aceleración del desarrollo y el uso de las energías renovables.
  2. Renovación: mejora de la eficiencia energética de los edificios.
  3. Carga y repostaje: fomento de tecnologías limpias para acelerar el uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente.
  4. Conexión: despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G.
  5. Modernización: digitalización de la Administración y los servicios públicos.
  6. Ampliación: aumento de las capacidades industriales en materia de datos en la nube y desarrollo de procesadores de última generación y sostenibles.
  7. Reciclaje y perfeccionamiento profesionales: adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación y formación profesional a todas las edades.

El Gobierno de España por su parte ha fijado 4 ejes sobre los que pivota su Plan de Recuperación.

  1. La transición ecológica.
  2. La transformación digital.
  3. La cohesión territorial y social.
  4. La igualdad de género.

Como base del Plan y con el objetivo de impulsar y contribuir a estos 4 ejes, se marcan 10 “políticas palanca” integradas por 30 proyectos o líneas de actuación en inversión y regulatorias, que deben contribuir a los objetivos tanto de los ejes como de las políticas. Cada uno de los proyectos deberán definir sus metas, hitos intermedios, beneficios esperados y coste.

  1. Agenda urbana y rural. Cohesión territorial.
  2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
  3. Transición energética justa e inclusiva.
  4. Administración pública del siglo XXI.
  5. Modernización y digitalización del ecosistema industria-servicios y de la pyme, impulso al emprendimiento.
  6. Pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
  7. Educación y formación continua, desarrollo de capacidades.
  8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
  9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
  10. Modernización del sistema fiscal.

Estos fondos se encuentran incluidos en el Plan Presupuestario 2021-2023 y se incluye en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que ya incorporan 27.436 millones de euros en transferencias no rembolsables provenientes del Fondo de Recuperación Next Generation EU.

Raúl Morales del Piñal de Castilla UTE OFICOMEX-ATD

14/09/2021

(Fuente: Gobierno de España, Next Generation EU)

El Fondo de Recuperación Next Generation EU. (parte II)

Reparto de los Fondos

La Unión Europea centra sus esfuerzos en recuperar el crecimiento de las economías de los Estados Miembros, así como volver a las tasas de empleo anteriores al COVID-19 y todo esto con el objetivo de impulsar un crecimiento sostenible. Para ello el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) se ha fijado 4 ejes de actuación muy en consonancia con los ODS de Naciones Unidas. La cohesión económica, social y territorial de la Unión, la transición a una economía ecológica y digital, la resiliencia y capacidad de adaptación de sus miembros. Y, por último, aunque no menos importante, amortiguar las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia en las economías y sus ciudadanos.

La EU pretende garantizar un apoyo financiero a los Estados Miembros en función del deterioro económico provocado por la pandemia. Por lo tanto, la base fundamental sobre los que realiza los cálculos redistributivos entre los distintos Estados, es la medida en que ha afectado a la economía de cada uno de ellos, las restricciones de la actividad para combatir el COVID-19.

Para realizar estos cálculos, el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) ponderará dos factores sobre los que otorgará los fondos. El primero tomará como base los indicadores económicos previos a la pandemia y sobre estos asignará un 70% de la partida destinada a cada estado. El segundo, el 30% restante, será asignado en base a los indicadores de la evolución económica entre 2020 y 2022, año este último en que se fijará la cuantía exacta de estos.

Como primera premisa, a los Estados Miembros se les exige la redacción de un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que diseñe con que proyectos de inversión y reformas se pretenden alcanzar los objetivos marcados en el plan. Sin perder de vista los ejes vertebradores definidos en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible: la sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica.

El Gobierno Español estima que recibirá aproximadamente 60.000 millones de euros en concepto de transferencias no reembolsables y un máximo de 80.000 millones de euros en préstamos. Estas estimaciones se han calculado en función de los indicadores que el gobierno ha considerado que se aplicarán para la realización de los cómputos de distribución de los fondos del MRR.

El primer tramo del MMR, correspondiente al 70% de las transferencias no reembolsables, deberá ser transferido por la CE entre los años 2021-2022. Mientras que el segundo tramo correspondiente al 30% de las anteriores, deberá ser transferido íntegramente en 2023 y tendrá un plazo de ejecución obligatoria que durará hasta el 2026.

La estimación que baraja el Gobierno de España sobre los fondos que recibirá del REACT UE ronda los 12.000 millones de euros para el periodo 2021-2022 y estos deberán ser ejecutados obligatoriamente durante los mismos.

El Gobierno de España pretende acelerar la economía poniendo en el mercado el máximo disponible correspondiente las transferencias no reembolsables, estimado en 70.000 millones de euros. La intención declarada, es optimizar este esfuerzo lanzando la totalidad de los fondos en tan solo tres años, 2021-2022-2023. Sirviendo esta inyección en la economía como motor de arranque de la misma. Con posterioridad a esta, pretende solicitar los prestamos reembolsables que puedan sostener el ritmo que se proyecta alcanzar.

Raúl Morales del Piñal de Castilla UTE OFICOMEX-ATD

(Fuente: Gobierno de España, Next Generation EU)

El Fondo de Recuperación Next Generation EU. (parte I)

La constitución del Fondo

La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes a nivel mundial que amenaza con el colapso de las economías de gran número de países. El mundo se encuentra ante una situación excepcional por varios motivos, el primero de ellos es la falta de experiencia ante situaciones similares y por lo tanto la carencia de fórmulas de éxito aplicables para la salida de esta. El efecto tractor de las economías más potentes no es suficiente, pues carecen del músculo necesario para tirar de las débiles como sucedió en ocasiones precedentes, al estar afectadas también estás por la pandemia. Todo ello provoca un efecto dominó que hace tambalear los cimientos de las sociedades, tanto avanzadas como poco desarrolladas.

Para Europa esto constituye un desafío de proporciones históricas. La UE y los Estados miembros que la conforman, se han visto obligados a adoptar medidas de emergencia con el fin de evitar el colapso de sus economías al tiempo que salvaguardan la vida de sus ciudadanos. Esto motivó que el Consejo Europeo autorizara a la Comisión Europea a acudir al mercado para financiarse hasta un monto total de 750.000 millones de euros a favor de la Unión Europea, con la intención de dar una respuesta conjunta a las necesidades de las economías de sus países miembros. 

El 21 de junio de 2020 se acordó crear un instrumento que canalizará estas ayudas a través del Fondo de Recuperación Next Generation, el cual facilitará a sus miembros transferencias no reembolsables por un importe máximo de 390.000 millones de euros y prestamos reembolsables por 360.000 millones de euros.

Para entender la excepcionalidad de este instrumento financiero cabe compararlo con la dotación presupuestada en el 9º Acuerdo Marco, Horizonte Europa, por un importe de 96.000 millones de euros, tan solo un 12,8% de los fondos que Next Generation va a poner en circulación en el mercado comunitario.

Next Generation contará a su vez con varios instrumentos canalizadores de estos fondos, siendo los de mayor potencia:

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) que se conforma como eje central del Fondo de Recuperación con una dotación de 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 millones se destinarán a préstamos y 312.500 millones de euros se constituirán como transferencias no reembolsables. Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la Unión.

El REACT EU está dotado con 47.500 millones de euros. Los fondos de REACT EU operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. REACT EU promoverá la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía.

De esta forma la Unión Europea pretende convertirse en el motor de arranque de las economías de los países que lo conforman inyectando liquidez en sus mercados, paralizados por los efectos de esta crisis mundial.

Raúl Morales del Piñal de Castilla UTE OFICOMEX-ATD

17/09/2021

(Fuente: Gobierno de España, Next Generation EU)

Importancia de los Convenios de Lucha contra la Doble Imposición en la selección de un país de implantación

En el comercio internacional, uno de los tipos de tratados que tienen más repercusión en la selección de los países donde queremos llevar actividades económicas es, sin duda, los tratados de lucha contra la doble imposición[1].

 ¿En qué consisten?

Cada país tiene libertad y soberanía para crear todos los impuestos que desea. El problema es que esta libertad combinada con las operaciones económicas internacionales puede producir un fenómeno de “doble imposición” es decir que el mismo sujeto pasivo, para utilizar la expresión tributaria, en este caso, la empresa exportadora, puede ser impuesta dos veces por la misma operación, una vez en el país donde realiza la operación y otra vez en su país de residencia. Esta doble imposición constituye un freno a la internacionalización de las empresas andaluzas y españolas y es uno de los criterios que se toma en consideración para elaborar nuestras matrices de decisión a la hora de determinar los países objetivo de interés para nuestra empresa. Saber aprovechar la firma de estos convenios bilaterales nos permitirá posicionarnos entre los primeros en comerciar con un país concreto. Así, en estos momentos, se encuentra en fase de negociación el Convenio de Lucha contra la Doble Imposición con la República Islámica de Mauritania. Está claro que, a partir de su puesta en vigor, realizar operaciones con este país será mucho más rentable para las empresas españolas en general y andaluzas en particular.


[1] Para consultar la lista de todos los convenios o tratados de lucha contra la doble imposición firmados por España, ver: genciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml

Karine Brück , CEO de ECOSOLVE

La transparencia fiscal de las entidades pass-through estadounidenses y el régimen fiscal aplicable en España

Analizamos el tratamiento fiscal español de las entidades estadounidenses con calificadas como pass-through o transparentes en Estados Unidos. En este sentido, las cuestiones son (i) si los sole proprietorships, los partnerships, las S-Corps, ylas LLCs (en conjunto “las Entidades”)son análogas a las entidades sujetas al régimen de imputación de rentas español y (ii) cuál es el tratamiento fiscal de las distribuciones hechas por las Entidades a residentes fiscales españoles.

Existen argumentos para concluir razonablemente que las Entidades son análogas a las entidades sujetas al régimen de imputación de rentas español toda vez que España considera que existe una analogía cuando las entidades extranjeras estén sometidas al mismo régimen de imputación de rentas en el país donde son residentes como requisito indispensable. Consecuentemente, las rentas distribuidas por dichas entidades a residentes tendrán la naturaleza propias de las transacciones de donde provienen, conforme al artículo 88 de la LIRPF, y deberán ser declaradas conforme su naturaleza por el residente fiscal español.

  1. Analogía de las Entidades con las entidades sujetas al régimen de atribución de rentas español

En 2006 Estados Unidos y España firmaron el Acuerdo Amistoso, el cual (a) definió la expresión «y cualquier otra agrupación de personas conforme al artículo 3(1)(d)» y (b) estableció el procedimiento para que una entidad transparente pueda acogerse al beneficio del CDI. Así, el Acuerdo Amistoso establece que las LLC, S-Corps, partnerships y trusts están incluidos en la definición de personas a efectos del CDI y, adicionalmente que estas entidades, a pesar de ser transparentes fiscales, pueden acogerse a los beneficios del CDI, siempre que la renta recibida por una de ellas sea pagada luego a un residente fiscal estadounidense o español. Esta idea estuvo pensada para los casos que dichas entidades reciban rentas provenientes de ambos paises. Por ejemplo, un residente fiscal estadounidense y un residente fiscal español reciben regalías a través de una LLC o S-Corp donde el pago de las regalías proviene de España. La LLC puede reclamar los beneficios del convenio en virtud que el 50% de las regalías están pagados a un residente fiscal estadounidense. Inclusivemente, el acuerdo llega a considerar que una sociedad interpuesta entre España y Estados Unidos puede ser residente de un tercer pais, pero (a) si es transparente fiscal y (b) sus socios son residentes ficales, entonces la sociedad interpuesta puede solicitar el beneficio del CDI entre Estados Unidos y España por cuanto es una renta gravada y pagada por un socio residente fiscal en Estados Unidos. Sin embargo, el Acuerdo Amistoso solo se centró en estos casos y poco aclaró a la cuestión de la analogía de las Entidades con las entidades sometidas al régimen de imputación de rentas español.

Luego, entre 2004 y 2016 surgieron consultas vinculantes de la DGT que analizaron las características comunes entre una entidad no-residente y a una entidad en atribución de rentas española. El problema con estas consultas es que no establecían una jerarquía entre esas características, generando incertidumbre jurídica.

En ese período, la DGT estableció unos elementos para saber cuándo una entidad extranjera era análoga a una entidad española sometida al régimen de atribución de rentas: (a) carecer de personalidad jurídica; (b) no tener el capital dividido en acciones; (c) que los beneficios se atribuyan a los socios; (d) que sean fiscalmente transparentes, y (e) no estar sujeto a impuesto sobre sociedades en ese país. Sin embargo, resultaba poco claro cuál de estos elementos debía tomar precedencia, si acaso, para determinar la analogía. La consulta vinculante DGT V2110-04 concluyó que un partnership del Reino Unido que carece de personalidad jurídica y no está sujeto al impuesto sobre sociedades del Reino Unido es una entidad análoga al régimen de atribución de rentas español.[1] Parecía, en un primer momento, que el criterio determinante era saber si la entidad tenía personalidad jurídica o no. Sin embargo, en la consulta vinculante DGT V1631-14, la DGT estableció que una sociedad en comandita alemana, a pesar de tener personalidad jurídica, estaba sujeta al régimen de atribución de rentas en Alemania y, por lo tanto, era análoga a las entidades españolas.[2] En el mismo sentido, la consulta vinculante DGT V1319-04  concluyó que una LLP del Reino Unido que tiene personalidad jurídica y estaba sujeta al régimen de atribución de rentas en el Reino Unido era una entidad análoga a las entidades españolas en atribución de rentas.[3] Como podemos observar, la carencia de personalidad jurídica podía ser un elemento definitorio, pero posteriormente dejó de serlo. Este conflicto de criterios resultó de la falta de jerarquía entre las características determinantes de una entidad análoga a las entidades españolas sometidas el régimen de atribución de rentas.

Ahora bien, el problema de la jerarquía se resolvió con las consultas vinculantes DGT V3557-15 de 17 de noviembre,[4] DGT V0601-16 de 15 de febrero,[5] DGT 2414-16 de 2 de junio,[6] las cuales establecieron que un elemento definitorio esencial es que se trate de entidades sometidas a un régimen de atribución de rentas, es decir, que no sean contribuyentes por sí mismas de ningún impuesto, sino que le sean sus socios o partícipes.Por lo tanto, el requisito indispensable para considerar a las entidades extranjeras como análogas a las españolas sometidas al régimen de atribución de rentas es que dichas entidades estén sometidas al mismo régimen de atribución de rentas en el país donde son residentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la DGT emitió la Resolución 2108 con carácter vinculante el 6 de febrero de 2020. La Resolución 2108 establece que, para considerar una entidad no-residente como análoga a una entidad en atribución de rentas española, se debe tomar en cuenta: (a) que la entidad no sea contribuyente del impuesto en el Estado de su constitución; (b) que las rentas se atribuyan fiscalmente a los socios o partícipes de acuerdo con la legislación del Estado de constitución, y (c) que la renta obtenida por la entidad en atribución de rentas y la renta atribuidas a los socios conserve la naturaleza de la actividad o fuente de la que procedan para cada socio o partícipe de acuerdo con la legislación del Estado de su constitución.

En virtud de los requisitos establecidos por la Resolución 2108, está claro que las Entidades no son contribuyentes del impuesto sobre sociedades en Estados Unidos por cuanto el Código Interno de Rentas (“IRC”por sus siglas en inglés) establece que estas entidades son transparentes a efectos fiscales y no las considera personas distintas que sus dueños.[7] En consecuencia, las Entidades no serán sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades y las rentas percibidas por ellas serán directamente atribuidas a sus dueños. Desde el punto de vista administrativo, las Entidades deben cumplimentar las declaraciones informativas y señalar (i) quiénes son los participantes o socios, (ii) cuál es el monto de su participación en las Entidades, y (ii) qué cantidad es distribuida a los socios, de manera que el Servicio Interno de Rentas (“IRS” por sus siglas en inglés) pueda cotejar la información en la declaración de rentas del socio o partícipe. Adicionalmente, las Entidades funcionan como un centro de información sobre el flujo del capital, facilitando la labor a la Administración Tributaria.[8] Por lo general, se les debe preparar la forma o Schedule K-1 a los socios y partícipes en S-Corps o sociedades de personas, y éstos deben adjuntarla a sus declaraciones personales de impuestos. Este procedimiento permite identificar cómo las rentas son fiscalmente atribuidas a los socios y a los partícipes, quienes deberán computarlas en sus declaraciones de impuesto.

Por último, si las Entidades son consideradas como transparentes o pass-through por la legislación fiscal estadounidense, entonces la naturaleza de las rentas ya está determinada toda vez que se entiende (i) la Entidad no es una persona separada del socio o partícipe desde el punto de vista fiscal, y (ii) pudiera entenderse como si los socios o partícipes realizaran la transacción directamente con una tercera persona. En este supuesto, la naturaleza de la distribución por parte de las Entidades está vinculada al tratamiento fiscal que reciben las Entidades en Estados Unidos. En esta interpretación, la Entidad puede tener personalidad jurídica y pagarle a sus socios desde el punto de vista mercantil bajo cualquier forma, pero, si fiscalmente son tratadas como transparentes en EEUU, entonces la naturaleza de la distribución solo es relevante para calificar el tipo de renta recibida por el socio o partícipe toda vez que las Entidades no son sujetos pasivos del impuesto y la ganancia original (o subyacente) será gravada directamente en cabeza del socio o partícipe. Por lo tanto, el socio o partícipe deberá declarar la renta conforme haya sido producida subyacentemente. Así, por ejemplo, si la Entidad vendió un inmueble, la ganancia de capital fluye directamente al socio o partícipe y éste deberá declarar y pagar el impuesto sobre la renta por la ganancia patrimonial en Estados Unidos. Si la Entidad recibe dividendos por acciones que posee en otra sociedad, entonces la renta recibida por la Entidad también fluirá directamente al socio o partícipe y deberá computarlo en su declaración personal de impuesto sobre la renta. Las rentas estarán reportadas idénticamente tanto en la forma o Schedule K-1 de la Entidad como en la forma 1040 del socio o partícipe cuando sea residente fiscal estadounidense o cuando sea un no-residente y exista cualquier otro factor de conexión (e.g., ganancia patrimonial por venta de inmueble o rentas inmobiliarias).

Ahora bien, cuando el socio o partícipe es un residente fiscal español y las Entidades cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 2108, entonces dichas rentas serán directamente atribuidas al socio o partícipe conforme al régimen de atribución de rentas establecidos en la Sección 2 del Título X de la LIRPF. En virtud de ello, España reconocerá la analogía de las entidades estadounidenses con las entidades españolas sometidas al régimen de imputación de rentas y gravara las rentas conforme a la naturaleza de las operaciones que las produjeron. En este contexto, Estados Unidos y España dividen sus potestades tributarias a través del CDI conforme al principio de beneficios, el cual establece que el Estado de la fuente tiene el derecho de gravar las rentas activas (i.e., rentas derivadas del trabajo, rendimientos de actividades económicas, rendimientos inmobiliarios y ganancias de capital por venta de bienes inmuebles), mientras que el Estado de la residencia tiene el derecho de gravar las rentas pasivas (i.e., dividendos, intereses y ganancias de capital no derivadas de bienes inmuebles).[9]

Por ejemplo, si se trata de un bien inmueble ubicado en los Estados Unidos, este país tendrá la potestad tributaria para gravar las rentas inmobiliarias o las ganancias patrimoniales derivadas de las ventas de bienes inmuebles. El residente fiscal español podrá deducir el impuesto pagado en el exterior en virtud del artículo 24 del CDI y el artículo 80 de la LIRPF. Si, por ejemplo, se trata de dividendos provenientes de acciones en sociedades estadounidenses o de cuentas de inversión, la regla general es que serán gravados en España, pero Estados Unidos podrá gravar el 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo de los dividendos es una sociedad que posea al menos 10% de las acciones con derecho a voto en la sociedad que paga los dividendos, o 15% en los demás casos. Igualmente, el impuesto pagado en Estados Unidos podrá ser deducido en España. Si el residente español posee más del 80% de las acciones con derecho a voto en la sociedad que paga los dividendos, entonces Estados Unidos no practicará retención conforme a las normas establecidas en el Protocolo.

      En conclusión, las Entidades estadounidenses deben cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 2108 para considerarse como análoga a una entidad en atribución de rentas española. Una vez más, estos requisitos son: (a) que las Entidades no sean contribuyentes del impuesto sobre sociedades en Estados Unidos; (b) que las rentas se atribuyan fiscalmente a los socios o partícipes de acuerdo con lo establecido en el IRC, y (c) que las rentas obtenidas por las Entidades conserven la naturaleza de la transacción subyacente por ser transparentes a efectos fiscales de acuerdo con la propia legislación estadounidense.

Marcel E. Roche UTE ATD – CROWE


[1] Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos, V2110-04, de 30 de diciembre de 2004.

[2] Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos, V1631-14, de 25 de junio de 2014

[3] Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos, V1319-04, de 04 de julio de 2005.

[4] Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos, V3557-15, de 17 de noviembre de 2015.

[5] Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos, V0601-16, de 15 de febrero de 2016.

[6] Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos, V2414-16, de 2 de junio de 2016.

[7] Particularmente, las LLC tienen la posibilidad de elegir entre ser consideradas transparentes a efectos fiscales o no. Si eligen no serlo, entonces la entidad estará sujeta al impuesto sobre sociedades estadounidense.

[8] Slemrod, J. “Tax Compliance and Enforcement: New Research and its Policy Implications”. University of Michigan. Working Paper No. 1302. 2016.

[9] Avi-Yonah, R. “International Tax as International Law”. CUP, 2007. Pg. 1. Ver también: Avi-Yonah, R. “Tax Competition, Tax Arbitrage and the International Tax Regime”. University of Michigan Public Law Working Paper No. 13. 2007.  Pgs. 36 – 37.